Abuso sexual: Había sido condenado a 18 años de prisión y ahora deberá indemnizar a su familia por $50 millones

En una resolución contundente, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea confirmó una sentencia que obliga a un hombre, identificado como P.M.B., a pagar 50 millones de pesos en concepto de indemnización a su expareja y a sus hijos e hijas. La suma responde a los daños provocados por una serie de delitos aberrantes, entre ellos abuso sexual agravado, coacción con arma de fuego y tenencia ilegal de armas.

El agresor ya había sido condenado en el fuero penal a 18 años de prisión por hechos ocurridos entre 2014 y 2021 en Necochea. Durante ese período, ejerció violencia física, psicológica y sexual contra su pareja y sus hijas menores de edad. La nueva sentencia civil, ahora ratificada por la Cámara, reconoce la existencia de un daño moral profundo en cada una de las víctimas y establece montos indemnizatorios diferenciados según el impacto personal sufrido.

De los 50 millones totales, 25 millones fueron asignados a las hijas víctimas directas de abuso sexual, en reconocimiento del daño psíquico, físico y emocional provocado por los ataques. A su vez, la Cámara revocó parcialmente el fallo de primera instancia para incluir una indemnización de cinco millones de pesos al hijo menor, quien si bien no fue víctima directa del abuso, sí vivió inmerso en un entorno familiar atravesado por la violencia.

El fallo también contempló el daño al proyecto de vida en el caso de las dos hijas abusadas, debido a las profundas secuelas que los hechos dejaron sobre su desarrollo psicosexual y emocional. Esta figura reconoce cómo la violencia sexual altera no solo el presente sino también el futuro de las víctimas, impactando en su autonomía, su estabilidad emocional y sus posibilidades de realización personal.

La sentencia incorpora una perspectiva interseccional de género e infancia, y está en línea con los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lugar de limitarse a una visión punitivista, el tribunal apuntó a una reparación integral, entendiendo que el daño provocado por la violencia intrafamiliar debe ser reconocido y compensado en todas sus dimensiones.

Desde el enfoque jurídico, se aplicó la figura del daño “in re ipsa”, que presume la existencia del daño en contextos de violencia como el evaluado, sin necesidad de prueba adicional. El fallo fue destacado por su compromiso con los derechos humanos y su intención de sentar jurisprudencia en casos de este tipo, donde las secuelas no son solo individuales, sino también estructurales y colectivas.

Este fallo refuerza la idea de que los agresores deben ser sancionados con el peso de la ley y, también, que las víctimas merecen algo más que justicia penal: merecen reparación, reconocimiento y restitución de sus derechos.