El gobierno impuso nuevos requisitos para acceder al "voucher" educativo en 2025

El Ministerio de Capital Humano confirmó la continuidad del programa de vouchers educativos durante todo 2025, aunque esta vez con condiciones más estrictas. A partir de una resolución reciente de la Secretaría de Educación, se oficializó la prórroga del beneficio que busca aliviar el gasto escolar de las familias, pero también se introdujo un nuevo requisito que podría dejar fuera a varios beneficiarios.

El programa, implementado por el gobierno de Javier Milei en 2024, está destinado a alumnos de nivel inicial, primario y secundario que asisten a escuelas privadas con una subvención estatal igual o superior al 75%. Según se informó, la inscripción para la nueva convocatoria estará habilitada desde el lunes 21 de abril hasta el 16 de mayo inclusive, y el beneficio se extenderá hasta diciembre de 2025.

A diferencia de la edición anterior, el Gobierno estableció ahora que las familias deberán no solo cumplir con los requisitos de ingreso y asistencia regular, sino también demostrar que están al día con el pago de las cuotas. Cada tres meses, las instituciones deberán informar al Ministerio de Capital Humano si las familias beneficiadas han cumplido con este requisito. En caso de detectarse mora o incumplimientos, el voucher será suspendido.

Para inscribirse, el adulto responsable debe contar con usuario en Mi Argentina y completar el formulario en línea con los datos del estudiante: nivel educativo, grado y establecimiento al que concurre. Luego, la institución deberá validar la inscripción y confirmar que se trata de un alumno regular.

Entre los requisitos económicos, se mantiene el tope de ingresos familiares: no podrán superar los $2.077.824 mensuales, equivalente a siete salarios mínimos, vitales y móviles. Además, se exige que el alumno esté inscripto como estudiante regular en el momento de la postulación.

Con esta nueva condición, el programa suma un control trimestral que busca garantizar que el aporte estatal llegue efectivamente a quienes cumplen con las obligaciones contractuales con las instituciones educativas. Desde el Gobierno sostienen que esta medida apunta a “ordenar y transparentar” el uso de fondos públicos en el sistema educativo privado.