Impulsan un nuevo proyecto para prohibir fumigaciones cerca de escuelas rurales en la provincia de Buenos Aires

En un nuevo intento por regular el uso de agroquímicos y proteger la salud de las comunidades escolares, la diputada provincial Sabrina Sabat, representante del bloque Unión Renovación y Fe, presentó un proyecto de ley que propone prohibir la aplicación de productos fitosanitarios en campos linderos a escuelas rurales en toda la provincia de Buenos Aires.

Sabat, quien además preside la Comisión de Asuntos Agrarios en la Cámara Baja bonaerense, remarcó la necesidad de establecer una legislación clara que resguarde tanto a estudiantes como a docentes y trabajadores no docentes, frente a la exposición constante a sustancias potencialmente peligrosas. “La exposición a estos productos puede generar consecuencias preocupantes. Es fundamental establecer pautas claras, generar zonas de resguardo y así evitar riesgos innecesarios para estudiantes, docentes y no docentes”, expresó la legisladora.

La propuesta surge en un contexto alarmante, donde muchas escuelas rurales conviven a escasa distancia de áreas fumigadas, lo que ha generado reiteradas denuncias y preocupación por parte de las comunidades educativas. Según la diputada, la normativa vigente en varios municipios bonaerenses resulta ambigua o insuficiente, y por eso urge una ley provincial que unifique criterios y brinde herramientas concretas para la protección del ambiente y la salud.

El proyecto establece, entre otros puntos, la obligación de que cada procedimiento de aplicación cuente con la presencia constante del asesor técnico responsable, ya sea del productor o de la empresa encargada. Además, los propietarios o arrendatarios de terrenos agropecuarios deberán notificar con al menos 48 horas de anticipación cualquier tarea de fumigación a realizar en las inmediaciones. Se prevén sanciones para quienes no respeten estas condiciones.

Sabat subrayó que esta iniciativa no pretende ir en contra del sector productivo, sino más bien apuntar a un modelo de producción responsable. “La educación no puede ir en desmedro del derecho a la salud integral y al ambiente sano. Desde el Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de promover estos derechos mediante normas claras y el compromiso de todos los actores. No se trata de confrontar con el campo, sino de exigir prácticas que resguarden la vida de las personas”, sentenció.

La iniciativa también retoma un debate que lleva años sin resolverse en territorio bonaerense: el impacto de los agroquímicos en la salud humana y el ambiente. En ese sentido, cabe recordar que la Resolución 246 del Ministerio de Asuntos Agrarios, firmada en 2018 con el objetivo de regular el uso de agroquímicos, nunca fue implementada. En enero de este año, el actual ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, firmó la Resolución 2/25 que prorroga, por 210 días, la suspensión de aquella normativa.

El fundamento de esta prórroga, según se explicó oficialmente, fue la necesidad de seguir adecuando las herramientas técnicas previstas en la resolución original, en diálogo con los diversos actores del Observatorio Técnico de Agroquímicos. Entre esas herramientas se mencionan la receta agronómica obligatoria y el desarrollo de un sistema de georreferenciación para establecer claramente las zonas restringidas.

El proyecto de Sabat llega en un momento clave, donde distintos sectores —tanto sociales como políticos— reclaman una legislación que equilibre la producción agropecuaria con la protección del entorno y de las personas. El desafío ahora será lograr el consenso necesario dentro de la Legislatura para que esta iniciativa no quede, como tantas otras, archivada entre los pasillos del poder.