En la sala del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Necochea comenzó a desarrollarse un juicio de alto impacto social: un exconcejal de Lobería, de 53 años, enfrenta gravísimas acusaciones por delitos sexuales cometidos contra dos niñas, a quienes tenía bajo su tutela. Los hechos, que habrían ocurrido cuando las víctimas tenían entre 6 y 13 años, se investigan como parte de una causa que ha despertado profunda conmoción en la comunidad.
Durante la primera jornada del debate oral, que se realizó el martes, declararon ocho testigos ante el tribunal compuesto por los jueces Luciana Irigoyen Testa, Nicolás Lamberti y Ernesto Juliano. Se trató, en su mayoría, de familiares y allegados a las víctimas, quienes respondieron a preguntas formuladas tanto por la Fiscalía como por la defensa del imputado.
La causa es llevada adelante por el fiscal Walter Pierrestegui, quien en la apertura del juicio realizó una ampliación formal de la acusación. En su alegato inicial, detalló que se le imputan al acusado los delitos de “abuso sexual doblemente ultrajante” (en dos hechos), “abuso sexual con acceso carnal”, “corrupción de menores agravada” y “abuso sexual agravado por la convivencia”. Estos cargos no sólo revisten una altísima gravedad penal, sino que reflejan, según señaló el fiscal, “el profundo daño psicológico y físico causado a las víctimas”.
El representante del Ministerio Público Fiscal destacó especialmente que los abusos habrían tenido lugar en un contexto de extrema vulnerabilidad para las niñas, ya que el acusado, además de convivir con ellas, era legalmente responsable de su cuidado. Esta situación de poder y confianza fue, según el fiscal, aprovechada por el imputado para cometer los actos denunciados.
Uno de los puntos centrales de la acusación radica en la prolongación del período en que ocurrieron los abusos: de acuerdo a la reconstrucción judicial, los hechos se habrían producido durante varios años, iniciándose cuando las menores tenían apenas seis años y extendiéndose hasta que cumplieron trece.
El juicio continuará el próximo miércoles 23 de abril, fecha en la que está prevista la declaración de nuevos testigos citados por ambas partes. Se espera que estas nuevas intervenciones aporten mayor claridad sobre el contexto en el que se dieron los hechos y profundicen en el impacto que estos tuvieron en las víctimas.
El acusado permanece detenido en la Unidad Penal de Batán, y durante el juicio cuenta con la asistencia legal del abogado Osvaldo Verdi, con domicilio en Mar del Plata. La defensa intentará cuestionar los cargos formulados y la interpretación de los hechos realizada por la Fiscalía, aunque el peso de los testimonios recolectados hasta el momento se presenta como un obstáculo difícil de revertir.
La comunidad de Lobería, donde residían tanto el acusado como las víctimas, sigue con atención el desarrollo del juicio. En un clima de fuerte sensibilidad social, el proceso judicial avanza con la expectativa de que se pueda arribar a un fallo justo que contemple el sufrimiento padecido por las menores y el daño ocasionado.
A lo largo del debate, está previsto que también declaren peritos psicólogos y médicos que participaron en las evaluaciones de las víctimas durante la instrucción de la causa. Estos informes, considerados clave por la Fiscalía, apuntan a demostrar las secuelas emocionales que dejaron los presuntos abusos y reforzar la veracidad de los testimonios brindados.
Además, podrían incorporarse elementos probatorios que respaldan la acusación, como registros documentales, análisis psicológicos y pericias forenses, que darían sustento técnico a los relatos que ya fueron escuchados en cámara Gesell.
En este marco, la labor del tribunal será esencial no sólo para determinar la responsabilidad penal del imputado, sino también para dar una señal clara sobre el compromiso del sistema judicia l con la protección de la infancia y la reparación del daño causado a través de la justicia.
El proceso aún está en etapa inicial y se estima que continuará por varias semanas. Finalizadas las audiencias de prueba, se dará paso a los alegatos de cierre y posteriormente al veredicto, que podría derivar en una condena de varios años de prisión efectiva si se confirman los cargos formulados.