La Provincia de Buenos Aires analiza restringir la circulación de dos personas en moto para combatir la inseguridad

En el marco de nuevas estrategias para enfrentar el delito, el Gobierno bonaerense evalúa la posibilidad de implementar una medida que prohíba la circulación de dos personas en una misma motocicleta en zonas determinadas del territorio provincial. El objetivo: reducir los delitos cometidos por motochorros, una modalidad que preocupa a vecinos y autoridades, especialmente en el Conurbano.

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, quien aclaró que la iniciativa no será de aplicación generalizada, sino que se considerará su implementación en función de "zonas específicas, horarios determinados y a solicitud expresa de los intendentes". La propuesta, según explicó el funcionario en conferencia de prensa, está siendo analizada como una herramienta adicional para reforzar la prevención del delito.

“Es una medida sensible, por eso se está discutiendo en conjunto con los municipios. Cada intendente deberá evaluar si la solicita para su distrito. No se impondrá de forma uniforme”, remarcó Alonso.

La medida se enmarca dentro de la Ley 15.143, también conocida como "Ley Antimotochorros", sancionada en 2019, la cual establece una serie de requisitos para los motociclistas, como la obligación de llevar la patente del vehículo visible tanto en el casco como en un chaleco reflectante. No obstante, el propio ministro reconoció que esta disposición no se cumple en la mayoría de los casos, lo que evidencia una deuda en su aplicación efectiva.

Aunque el foco está puesto en el Conurbano, una región donde los delitos en moto se repiten con frecuencia, no se descarta que la restricción se extienda eventualmente a los 135 municipios de la provincia, dependiendo de su evolución y efectividad.

¿Criminalización a quienes andan en moto? 

Es una de las principales críticas que suele generar este tipo de medidas. La restricción a la circulación de dos personas en moto, aunque busca reducir delitos cometidos por motochorros, también puede ser interpretada como una forma de criminalización preventiva hacia quienes utilizan ese medio de transporte de manera legítima, especialmente en sectores populares donde la moto es muchas veces el único vehículo accesible.

Desde una mirada más crítica, varios especialistas en seguridad y derechos humanos han advertido que este tipo de decisiones puede derivar en discriminación por perfil, controles arbitrarios y estigmatización hacia jóvenes, trabajadores o habitantes de barrios periféricos que simplemente se trasladan en moto. Además, se corre el riesgo de afectar el derecho a la libre circulación de personas que no tienen ningún vínculo con actividades delictivas.

Por otro lado, está el debate sobre la efectividad real de estas políticas. ¿Cuántos delitos se evitan con este tipo de restricciones? ¿Y cuántos ciudadanos inocentes terminan siendo perjudicados por ellas? La falta de datos concretos en la implementación de normativas similares en el pasado —como la obligatoriedad de usar chaleco con patente— ha generado dudas sobre su impacto real.

También hay un trasfondo social que no se puede ignorar: en muchos casos, las motos son el único medio de movilidad para familias enteras, repartidores, trabajadores informales o estudiantes. Implementar medidas que los limiten o los coloquen bajo sospecha sin ofrecer alternativas claras puede resultar contraproducente.