¿Por qué paran?: Las razones económicas detrás del tercer paro general contra Milei

Este jueves se lleva a cabo el tercer paro general convocado durante la presidencia de Javier Milei, impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) con un respaldo masivo por parte de sindicatos y organizaciones sociales. La medida de fuerza, que abarca amplios sectores de la economía y el transporte, tiene como consigna central la exigencia de “mejores ingresos y una calidad de vida digna”. Pero más allá de los lemas, el trasfondo del paro revela una situación crítica en el mundo del trabajo y una profunda preocupación por el rumbo económico del país.

Desde el sindicalismo, sostienen que el paro no se trata únicamente de un rechazo a la figura del Presidente, sino que responde a un deterioro estructural del poder adquisitivo, las condiciones laborales y el aumento de la pobreza. “Paramos porque trabajar no garantiza salir de la pobreza”, señalaron desde la CGT. Una afirmación que encuentra respaldo en los datos oficiales y en el análisis de diversos especialistas.

Uno de ellos es Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, quien aclaró que si bien toda huelga general tiene un componente político, esta tiene raíces más profundas. “No es solo contra Milei. Es el reflejo de una crisis que lleva años y que se ha profundizado de forma brutal en los últimos meses”, explicó.

La caída del salario real: un reclamo central

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el poder adquisitivo de los salarios, tanto del sector público como del privado, sufrió una caída abrupta en diciembre de 2023, cuando comenzaron a sentirse los efectos del plan económico libertario. Desde entonces, no solo no se ha recuperado, sino que la brecha entre ingresos y costo de vida se ensanchó aún más.

El dato más alarmante es la evolución de la canasta básica total (CBT), que en diciembre de 2023 se ubicaba en $495.798 y para febrero de 2025 trepó a $842.370,04, marcando un incremento de más del 70% en poco más de un año. Si se compara con febrero de 2017, el salto es aún más impactante: en aquel entonces, la CBT costaba apenas $10.885,70. Es decir, en ocho años creció más de un 7600%.

Este fenómeno hace que cada vez más trabajadores, incluso aquellos con empleos registrados, tengan que buscar ingresos adicionales. “Hoy, tener un recibo de sueldo no puede ser considerado un privilegio, porque ni siquiera garantiza poder cubrir la canasta básica”, advirtió Campos.

Informalidad en alza y empleo en retroceso

Otro de los aspectos que motivan la protesta tiene que ver con la creciente precarización del empleo. Según el INDEC, las categorías de trabajadores más dinámicas en los últimos años han sido los asalariados no registrados y los no asalariados. Al comparar el tercer trimestre de 2016 con el mismo período de 2024, los primeros crecieron un 16,9%, y los segundos, un 19,4%. En contraste, el empleo formal en el sector privado apenas aumentó un 2% en el mismo lapso.

Esto refleja un mercado laboral que expulsa empleo de calidad y lo reemplaza por ocupaciones más inestables, peor remuneradas y sin acceso a derechos básicos como la seguridad social o vacaciones pagas. “El crecimiento del cuentapropismo o la ‘uberización’ del trabajo no es sinónimo de libertad laboral, sino de desprotección”, señalan desde distintos espacios gremiales.

El impacto del ajuste: despidos y más pobreza

Las primeras decisiones económicas del gobierno de Milei, como la devaluación del peso, la liberación de precios y el congelamiento del gasto público, generaron un fuerte impacto en el bolsillo de los trabajadores. De acuerdo al INDEC, los salarios perdieron en promedio un tercio de su valor real en los primeros meses del gobierno, y los despidos se multiplicaron, tanto en el sector privado como en el Estado.

Hoy el desempleo ronda el 6,4%, una cifra que no refleja la gravedad del problema si se considera que muchas personas han dejado de buscar trabajo o se sostienen con changas esporádicas. En paralelo, la pobreza alcanza al 38% de la población, un dato que grafica con crudeza el deterioro del tejido social argentino.

Una protesta con múltiples voces

El paro general no es un hecho aislado ni una reacción circunstancial. Es el reflejo de una acumulación de malestar que atraviesa a diversos sectores: trabajadores formales e informales, estatales, jubilados, docentes, y hasta pequeños comerciantes golpeados por la caída del consumo. En ese marco, las centrales obreras afirman que seguirán reclamando “políticas públicas que garanticen empleo digno, estabilidad y salarios que estén por encima de la línea de pobreza”.

Mientras desde el Gobierno se busca minimizar el alcance del paro y se apunta contra lo que denominan “la casta sindical”, lo cierto es que el reclamo trasciende las cúpulas gremiales. Se trata, en definitiva, de una expresión colectiva frente a una economía que no da respiro, y donde el trabajo, lejos de ser un factor de movilidad social, se ha convertido —para muchos— en una forma de subsistencia precaria.

Así, el tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei aparece como un grito desde el fondo de la clase trabajadora argentina, que exige respuestas concretas en un escenario cada vez más asfixiante.