
Los números internos del Banco Nación contradicen la versión oficial del gobierno sobre la supuesta ineficiencia de su red de sucursales, utilizada como argumento para avanzar con un ajuste en la entidad. Según documentación a la que accedió Buenos Aires/12, menos del 5% de las sucursales opera por debajo del punto de equilibrio. En la provincia de Buenos Aires, el porcentaje cae por debajo del 1%.
De las más de 220 sucursales en territorio bonaerense, solo dos —una en el conurbano norte y otra en la zona centro— presentan déficit operativo. Sin embargo, estas pérdidas se compensan cuando se incorpora el balance social de la entidad.
A pesar de estos datos, la administración del banco continúa esgrimiendo el impacto de tasas municipales como justificación para futuras decisiones. De acuerdo con el informe oficial, los municipios con las alícuotas más altas son La Matanza (7,5%), Marcos Paz (6,3%), La Plata (4,7%), Campana (4,6%), San Nicolás (4,1%), Quilmes (3,9%), Moreno (3,7%) y Vicente López (3,5%). La lista incluye tanto distritos gobernados por Unión por la Patria como por el PRO y otras fuerzas, lo que anticipa posibles tensiones dentro de la coalición oficialista en caso de avanzar con el cierre de sucursales.
Según el mismo documento, de las 721 sucursales que posee el BNA en todo el país, solo 29 registraron pérdidas en el último ejercicio. San Luis encabeza la lista con 11 sucursales deficitarias, aunque en ese distrito rige un convenio especial entre el banco y la provincia que modifica la interpretación del balance.
Aun si se aceptara la justificación oficial de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del banco, Daniel Tillard, persiste una incógnita: ¿por qué cerrar 80 sucursales cuando solo 29 presentan números rojos? Para alcanzar esa meta, sería necesario incluir cierres de oficinas rentables, lo que beneficiaría directamente a los bancos privados cercanos que absorberían la cartera de clientes del Nación.
El BNA cuenta con la mayor red de sucursales bancarias del país, cuya distribución responde no solo a criterios comerciales, sino también a su rol social, como promotor del ahorro, el crédito y la actividad económica. Además, varias oficinas se sumaron a su estructura a través de procesos de adquisición de otras entidades.
En términos de rentabilidad, los datos desmienten la imagen de ineficiencia: el banco ganó, en promedio, más de 1.800 millones de pesos por sucursal y 101 millones por empleado durante el último ejercicio. Estos resultados lo ubican entre las diez entidades más competitivas del país.
Mientras avanza el debate por el cierre de sucursales, la justicia puso un freno a otro de los planes oficiales para el Banco Nación. La semana pasada, el juez federal Alejo Ramos Padilla suspendió el decreto presidencial que disponía la conversión del BNA en una Sociedad Anónima.
En su fallo, el magistrado advirtió que la medida podría ser "un paso previo a su posible privatización" al permitir el ingreso de capitales privados, pese a que el Banco Nación fue explícitamente excluido del listado de empresas privatizables en la Ley Bases.
"Celebramos el fallo del juez Alejo Ramos Padilla, quien acaba de suspender el decreto N° 116/25 que transformaba el Banco Nación en Sociedad Anónima", expresó el titular del gremio bancario y diputado nacional, Sergio Palazzo.
La medida fue interpretada como un nuevo intento del gobierno de desviar la atención del escándalo por la criptoestafa $LIBRA, que tiene al propio presidente Milei en el centro de la polémica y ocupa desde hace semanas las portadas de los principales medios internacionales.
Previo a este revés judicial, el presidente del BNA, Daniel Tillard, anunció el cierre de la sucursal de Ramos Mejía, en La Matanza. La oficina, altamente rentable y ubicada sobre la avenida Rivadavia, cuenta con 30 empleados y una importante cartera de clientes, que serían transferidos a la sucursal más cercana en Ciudadela, partido de Tres de Febrero.
El cierre beneficia a la gestión del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien recientemente abandonó el PRO para sumarse a La Libertad Avanza. Mientras tanto, los más perjudicados serían los vecinos de La Matanza, distrito gobernado por Fernando Espinoza. Desde el gremio bancario denuncian que la medida responde a una decisión política más que económica y que representa "el regalo de bienvenida que La Libertad Avanza le hace a Valenzuela".