Grave polémica por lenguaje ofensivo en el Boletín Oficial del Gobierno: "Imbéciles" e "Idiotas"

El Gobierno de Javier Milei quedó en el centro de una tormenta de indignación y repudio tras la publicación de la Resolución 187/2025, emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad. El documento oficial, firmado bajo la dirección de Diego Spagnuolo, abogado personal del presidente, emplea términos arcaicos y despectivos para referirse a personas con discapacidad intelectual, generando un fuerte rechazo a nivel nacional e internacional.

El anexo de la resolución clasifica a las personas con discapacidad intelectual utilizando terminología que ha sido descartada por la ciencia y la comunidad internacional por su carácter ofensivo y deshumanizante. Entre los términos empleados se encuentran “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, en base a su coeficiente intelectual (CI). Este lenguaje, que remite a clasificaciones psiquiátricas de principios del siglo XX, es visto como un grave retroceso en materia de derechos humanos y políticas de inclusión.

Clasificación obsoleta y deshumanizante

La resolución detalla la siguiente clasificación de personas según su CI:

• 0-30 (idiota): Se describe a estas personas como incapaces de leer, escribir o atender sus necesidades básicas.
• 30-50 (imbécil): Se afirma que pueden realizar tareas rudimentarias pero no leer ni escribir.
• 50-60 (débil mental profundo): Se les atribuye un vocabulario simple y la capacidad de realizar tareas básicas, pero sin manejo del dinero.

Estas definiciones, además de ser científicamente erróneas y anacrónicas, perpetúan estereotipos perjudiciales y reducen a las personas con discapacidad a categorías simplistas que despojan su dignidad. Además, este lenguaje refleja una preocupante falta de sensibilidad y desconocimiento de los avances logrados en materia de derechos humanos e inclusión social.

Violación de tratados internacionales

La indignación no se hizo esperar. Diversos organismos de derechos humanos, asociaciones de discapacidad y referentes políticos repudiaron enérgicamente el uso de este lenguaje. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Argentina, establece que “toda persona con discapacidad debe ser tratada con dignidad y respeto”. Este documento oficial representa una violación flagrante de estos principios, exponiendo al país a severas críticas y posibles sanciones internacionales.

Desde la comunidad académica y de derechos humanos, se señala que la resolución contraviene el modelo social de discapacidad, el cual sostiene que la discapacidad no radica en la persona sino en las barreras que la sociedad impone. El uso de un lenguaje denigrante contribuye a reforzar estigmas y aumentar la exclusión de las personas con discapacidad.

Repercusiones internacionales y rechazo de expertos

La polémica traspasó las fronteras argentinas y alcanzó a diversos países. Una de las voces más críticas fue la del catedrático español Julen Bollain Urbieta, doctor en Estudios sobre Desarrollo y economista de la Universidad de Mondragón. A través de sus redes sociales, manifestó su profundo rechazo a la resolución del Gobierno argentino:

“El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’. Esto no solo es una violación de los acuerdos internacionales contra la discriminación, sino una barbaridad que nos retrotrae a épocas oscuras de la historia”.

Bollain, especialista en políticas de inclusión y renta básica, enfatizó que este tipo de clasificaciones son inaceptables en pleno siglo XXI y que solo contribuyen a la exclusión social y económica de las personas con discapacidad. “Es inaceptable que un gobierno utilice terminología que deshumaniza y estigmatiza a personas que ya enfrentan enormes barreras en su vida cotidiana”, añadió.

Un retroceso en políticas de inclusión

Durante las últimas décadas, Argentina había avanzado significativamente en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. En 1997, se estableció que la discapacidad no es una barrera para el empleo, sino que es la sociedad la que debe garantizar herramientas de inclusión laboral. Además, se han desarrollado leyes y políticas para asegurar una vida digna a las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía e integración plena en la sociedad.

Sin embargo, la publicación de la Resolución 187/2025 representa un alarmante retroceso. El hecho de que un organismo estatal valide oficialmente términos discriminatorios pone en jaque años de lucha y avances en derechos humanos.

Responsabilidad del Gobierno y exigencia de rectificación

La responsabilidad de este escándalo recae directamente en la Agencia Nacional de Discapacidad y, por extensión, en el Gobierno de Javier Milei. Diversas organizaciones ya han exigido la derogación inmediata de la resolución y la emisión de una disculpa pública.

Desde sectores políticos opositores y organismos internacionales se está instando a que el Gobierno tome medidas urgentes para corregir este grave error. La continuidad de este tipo de discursos en documentos oficiales podría derivar en sanciones de organismos internacionales, como la ONU y la CIDH.

La comunidad en su conjunto, así como expertos en discapacidad y derechos humanos, esperan una rectificación inmediata que garantice el respeto y la dignidad de todas las personas, independientemente de su condición. En tiempos donde la inclusión y el respeto son valores fundamentales, este tipo de acciones representan un golpe inaceptable para la sociedad argentina.