Mar del Plata: Denunciaron penalmente al intendente Montenegro por los operativos contra los cuidacoches

En un hecho que ha generado amplio revuelo social y político, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en conjunto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Mar del Plata, presentó una denuncia penal ante la justicia contra el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y diversos funcionarios municipales. El motivo de la denuncia radica en los operativos impulsados por el Municipio de General Pueyrredón contra personas en situación de calle y aquellos que realizan trabajos informales en la vía pública, comúnmente conocidos como "trapitos" y "limpiavidrios".

Desde principios de enero, el Municipio desplegó una serie de acciones de alto impacto en las calles de Mar del Plata. Estas medidas incluyeron detenciones, confiscación de objetos personales e incluso denuncias de malos tratos hacia los involucrados en esta problemática social. Según los denunciantes, el accionar de los funcionarios municipales habría estado marcado por violencia física y psicológica, amenazas y hostigamiento contra cientos de personas, en su mayoría vulnerables, que viven o trabajan en la vía pública.

La CPM y la APDH afirman que la intervención de los funcionarios municipales fue excesiva y que los mismos se habrían arrogado facultades propias de las fuerzas de seguridad provinciales, algo que consideraron completamente inapropiado y fuera de lugar. De acuerdo con las denuncias, las autoridades municipales habrían utilizado el código de faltas de la ciudad como justificación para llevar a cabo estas acciones, lo que a juicio de los denunciantes representaría una violación de los derechos humanos de las personas involucradas.

En el comunicado emitido por ambas organizaciones, se hace hincapié en que estas agresiones no solo no fueron detenidas por el propio intendente Montenegro, sino que, por el contrario, fueron difundidas y en muchos casos, incluso reivindicadas por las autoridades locales. En este sentido, se señala que el intendente utilizó sus redes sociales para promover y dar visibilidad a los operativos, en algunos casos, acompañados de comentarios que fueron interpretados como raciales y discriminatorios, e incluso con tintes de apología de la violencia. Según la CPM, estas declaraciones van en contra de los principios fundamentales de actuación de cualquier funcionario público.

En su denuncia ante la Fiscalía General de Mar del Plata, la CPM y la APDH sostienen que las acciones de los funcionarios involucrados violan de manera directa los derechos y garantías fundamentales de las personas, quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social. A su juicio, la actuación de los agentes municipales, que incluyó golpes, amenazas y requisas en plena vía pública, implicaría una "limitación ilegítima de la libertad física" de las personas afectadas.

Estos hechos, que han sido captados en video y compartidos por el mismo intendente en sus redes sociales, ya han derivado en la presentación de dos habeas corpus preventivos ante la justicia. Uno de estos fue interpuesto por el abogado Julio Hikkilo ante el Juzgado de Garantías Nº 5, a cargo del juez Gabriel Adrián Bombini, y el otro por Mauro Giacomaso, titular de la Defensoría Nº 10 de Mar del Plata, ante el Juzgado de Garantías Nº 2, bajo la jurisdicción de la jueza Rosa Frende.

A pesar de las acusaciones y la fuerte respuesta social y judicial, el intendente Montenegro no ha mostrado signos de arrepentimiento. Por el contrario, ha mantenido una postura firme en defensa de los operativos y ha reiterado que no cesará en su lucha contra los cuidacoches y los trabajadores informales. En declaraciones públicas, Montenegro expresó que uno de los detenidos en los últimos días tenía un pedido de captura desde 2014, lo que, según él, justifica la intervención policial y demuestra que "son delincuentes". Además, destacó que gracias al "accionar heroico" de la Patrulla Municipal, se había logrado la captura de este individuo después de más de una década evadiendo la justicia.

"Gracias al accionar heroico del Personal de la Patrulla Municipal, hace tres días se llevó detenido a este trapito 'en situación de calle'. Ayer nos denunciaron penalmente. ¿Saben qué se descubrió gracias a este caso? Que tenía pedido de captura desde 2014. Once años evadiendo a la Justicia que se terminaron de golpe y porrazo. Cuando digo que son delincuentes, son delincuentes. Gracias infinitas al revuelo que hicieron todos los que los defienden. No voy a parar", dijo Montenegro en una publicación que dejó claro su firme determinación de continuar con las medidas.

La controversia que rodea estos operativos ha puesto sobre la mesa un debate profundo sobre cómo se deben abordar las problemáticas sociales en una ciudad como Mar del Plata, donde la informalidad laboral y la pobreza están a la vista de todos, pero rara vez se tratan de manera efectiva. La denuncia presentada por la CPM y la APDH ha tenido un impacto significativo en la opinión pública, generando una polarización entre aquellos que defienden el accionar del intendente, al considerarlo necesario para mantener el orden público, y quienes critican duramente las medidas, considerándolas una violación a los derechos humanos de las personas más vulnerables de la sociedad.